Casi cinco años después, el Ayuntamiento de Cuadros (AIC) iplementa el cobro de estas tasas, con el beneficio que supone para las pedanías del municipio.La Junta Vecinal de Cascantes elaboró la ordenanza en el año 2017; un gran esfuerzo, las tasas de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. A lo largo del año 2017 esta pequeña pedanía, "pese al enorme esfuerzo económico que suponía para una entidad con apenas 105 habitantes, sin prácticamente ingresos y pese a no contar con ninguna ayuda económica por parte del Ayuntamiento", decide llevar hacia adelante la elaboración del informe técnico-jurídico y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Una normativa que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de diciembre de ese año y entra en vigor en el 2018. Una medida a la que «han reaccionado de forma dispar las empresas afectadas por esta ordenanza, unas han aceptado las tasas y otras han recurrido de forma sucesiva hasta llegar al Tribunal Supremo, que finalmente en una sentencia de este pasado enero, pese a declarar nulo el porcentaje fijo establecido, confirmó que la ordenanza fiscal era válida. De esta manera, la Junta Vecinal está realizando los trámites necesarios para adecuar la ordenanza a la sentencia del Tribunal Supremo y continuar con su aplicación», recalcó el Partido Popular. «Mientras tanto, y cinco años tarde, el pasado 3 de marzo, finalmente el Ayuntamiento de Cuadros descubre que es posible el cobro de estas tasas, con el beneficio que esto supone para las juntas vecinales del Ayuntamiento; convoca a los presidentes de las pedanías a una reunión donde anuncia que va a proceder a la elaboración del informe técnico-jurídico y la posterior ordenanza de la tasa a las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos para aquellas pedanías que así lo soliciten; eso sí, con la consiguiente contraprestación económica una vez puesta en marcha la nueva normativa», concluía la formación.